Un informe emitido por el secretario general del Ayuntamiento de Burgos sobre la propuesta del equipo de Gobierno Municipal de ampliar el contrato con la ute encargada del renting de los autobuses urbanos para que se haga cargo de la reparación y el mantenimiento de todos vehículos, concluye que esa modificación no sería legal al incumplir los preceptos que deben regir todos los contratos de las Administraciones Públicas.

El documento avala lo expuesto por el Grupo Socialista desde que se anunció esa posible modificación y la existencia del informe, negada por entre otros, el portavoz del equipo de Gobierno, Javier Lacalle.

El pasado 27 de marzo, el Consejo de Administración del Servicio Municipalizado de Autobuses Urbanos acordó aprobar la modificación del contrato suscrito con la Unión Temporal de Empresas responsable del renting de los vehículos, para integrar los servicios de mantenimiento y reparación de toda la flota municipal incluyendo los autobuses propiedad del Ayuntamiento y no sólo los “alquilados” a esta Ute, por un importe de casi siete millones de euros.Sin embargo, la aprobación quedaba condicionada al informe del Secretario General del Ayuntamiento que ya ha dictaminado y que establece que esa modificación vulneraría principios como el de publicidad o concurrencia si no se saca a concurso público.

El concejal del PSOE, Antonio Fernández Santos valoró lo “categórico, avalado y bien documentado” de este documento, por lo que ahora, tras reflejarse lo que ya ha denunciado el Grupo, si el equipo de Gobierno sigue adelante con esa modificación, el Grupo Socialista llevaría el asunto a los tribunales. Según Santos, si el secretario general dice que esa modificación es ilegal y el equipo de Gobierno la saca adelante, “podríamos acusarlos perfectamente de prevaricación”.

Para el socialista, queda perfectamente claro que lo que está intentado el PP es “adjudicar a dedo un servicio de millones de euros” encubriendo lo que sería un contrato nuevo bajo el paraguas de la figura de modificación contractual.

El concejal socislista acusó igualmente al portavoz municipal, Javier Lacalle de mentir descaradamente cuando el pasado 15 de abril manifestó que el informe no existía, una vez el PSOE anunció que Secretaría General estaba elaborándolo, porque aunque la resolución tenga fecha del día 25, el secretario general lo empezó a hacer el pasado 28 de marzo.