Por un momento, vamos a dejar el Servicio de Autobuses, aunque sigue mereciendo nuestra atención. Hace un año criticamos que se destinaran espacios emblemáticos del Centro, que además eran de peatonalización más bien añeja, para una feria del automóvil de segunda mano.

Con un excelente criterio, el Instituto Municipal de Cultura ha elaborado un informe desaconsejando que se perpetrara de nuevo semejante barbaridad. Desde luego, rozaba el mal gusto utilizar el Paseo del Espolón como si fuera un concesionario. Los vendedores no han visto con buenos ojos las alternativas (como el aparcamiento del Camino de la Plata) y al no tener claro el poder hacer negocio, han desistido de volver a montar el evento.

Como medida contra la crisis, algunas Comunidades Autónomas, empezando por la Foral de Navarra, han concedido ayudas para la renovación del parque automovilístico. La cuantía depende de si el vehículo es ecológico o no. La Comunidad Valenciana también ha aprobado una medida similar, aunque hay problemas para su materialización. En Castilla y León parece que hay algún movimiento, aunque parece más centrado en pedir que sea el Gobierno central quien tome la medida. Lo cierto es que hay un periódico en Burgos que sistemáticamente aboga por las ayudas.

En el debate sobre el estado de la Nación el Presidente del Gobierno anunció una ayuda de dos mil euros para la adquisición de un coche. Mil a cuenta del fabricante, quinientos de las Comunidades Autónomas y otros quinientos por el Gobierno. Los deseos de los fabricantes y de los vendedores se cumplen y podrán disponer de ayudas.

Si esta es una medida verde, apaga y vámonos. Si se ha ayudado a un sector, se corre el riesgo de que todos los empresarios pidan ayudas públicas para que puedan seguir vendiendo sus productos. La industria del automóvil genera empleo, pero también lo generan otras. Al fin y al cabo, toda esa gente que ahora clama por ayudas para la compra de coches seguramente hace dos o tres años no pedía que se aumentaran impuestos para que el Estado se beneficiara de las ventas.

Las cifras de matriculaciones de años anteriores eran muy altas; se ha producido una gran renovación del parque automovilístico nacional, y es lógico pensar que esas cifras no pueden sostenerse a lo largo del tiempo.

Parece ser que a la Presidenta de la Comunidad de Madrid no le ha convencido la idea lanzada por Rodríguez Zapatero de dos mil euros de ayuda directa, y ha optado por una opción más propia de su forma de pensar: reducir el porcentaje del impuesto de matriculación.

La pretensión de la señora Aguirre es un completo disparate ecológico. El impuesto de circulación es progresivo en función de la contaminación del vehículo, de modo que los menos contaminantes no están gravados. La medida de la Comunidad de Madrid es inocua para estos coches, y al ser un descuento de cuantía fija, implica una mayor reducción, tanto relativa como absoluta, para los vehículos más contaminantes. Una medida por tanto, totalmente regresiva desde el punto de vista ambiental y socioeconómico, precisamente tomada por un Gobierno que ha reducido el número de viajes de los autobuses interurbanos (los conocidos autobuses verdes); después de dos subidas de tarifas en menos de un año (verano de 2008 y enero de 2009).

Todo este tema bien merecería un segundo artículo, dado que la industria automovilística ha copado portadas y espacios informativos, y es una cuestión de suma importancia.